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Tesis: XVI.1o.A.190 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020286        1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h Tesis Aislada (Administrativa)
TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES. EL GERENTE DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CARECE DE FACULTADES PARA NEGAR SU INSCRIPCIÓN, CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD DE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE JUSTIFICARON SU OTORGAMIENTO.

TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES

De los artículos 1, 4, 9, fracción XX, 12 Bis 1, 12 Bis 6, fracción XIII, 16, 18, 20, 25, 30, fracción I, 30 Bis, fracción VI y 31 de la Ley de Aguas Nacionales; 54, 55, 59 y 62 de su reglamento; 24, fracción VII, incisos a) y d), 26, fracciones I y V, incisos a) y b) y 86, fracción IX, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, se desprende lo siguiente: a) corresponde a la Comisión Nacional del Agua y los organismos de cuenca, en el ámbito de las regiones hidrológico-administrativas y dentro del marco de su competencia, otorgar títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, así como mandar inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, entre otros, dichos títulos, de oficio y sin que medie solicitud del beneficiario, salvo que se trate de cambios que afecten sus características y titularidad, en cuyo caso, la inscripción será a petición de parte; b) compete a las direcciones locales de la indicada comisión recibir y tramitar las solicitudes de inscripción de actos en el Registro Público Regional de Derechos de Agua; y, c) la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua tiene, entre otras facultades, la de inscribir los títulos de concesión. Ahora bien, de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua, publicadas el 6 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que si bien el gerente de ese ente público registral tiene facultades para autorizar o negar la inscripción de los títulos de concesión, para lo cual debe calificar su procedencia, atendiendo al resultado de la revisión de los requisitos de «forma y contenido» que realice, en función de los ordenamientos legales aplicables; sin embargo, ello no significa que tenga atribuciones para analizar la legalidad de los fundamentos y motivos que justificaron el otorgamiento de la concesión, pues de hacerlo podría dejar insubsistente la resolución relativa, emitida por una diversa autoridad, lo que implicaría reconocerle la facultad para anular la resolución que otorga el título de concesión para la explotación de aguas nacionales, cuando el marco legal y reglamentario en la materia no le reconoce esa atribución. Además, debe tenerse en cuenta que la resolución indicada es constitutiva de derechos, pues por medio de ella se otorga el derecho a explotar aguas nacionales, mientras que su registro e inscripción, sólo tienen un efecto declarativo, ya que su único objetivo es que el título respectivo surta sus efectos frente a terceros. Por ende, la autoridad registral carece de facultades para revisar la legalidad de la resolución concesoria y, con base en ello, negar la inscripción del título, pues ésta ya constituye el derecho otorgado al beneficiario para que explote aguas nacionales; de ahí que, en caso de estimar que el acto produce una lesión a los intereses del Estado, la autoridad deberá promover un juicio de lesividad para obtener la anulación, dado que le está vedado revocarlo unilateralmente, cuando éste fue favorable al particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 202/2016. Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, en representación de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua. 15 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Amparo en revisión 202/2018. Fernando Ascencio Rueda. 21 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Jorge Alberto Rodríguez Vázquez.

Tesis: XXVIII.1o.7 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020285        1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h Tesis Aislada (Común)
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LE ASISTE ESE CARÁCTER A QUIEN TIENE UN INTERÉS CONTRARIO AL DEL QUEJOSO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD CON LA QUE COMPARECIÓ AL JUICIO DE ORIGEN.

  TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO.

El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo establece de manera enunciativa y no limitativa, algunos de los supuestos en que se tiene el carácter de tercero interesado, es decir, no contempla todos aquellos casos en que una persona puede tener dicha calidad. De manera específica, el inciso b) prevé que cuando el acto reclamado derive de un juicio o una controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, puede tener el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso. Ahora bien, la interpretación que debe darse a esa porción normativa es en el sentido de que quien busque atribuirse la calidad de tercero interesado, debe tener una posición contraria a la del quejoso, esto es, que su actitud procesal esté confrontada con la postura que asume éste, sin que constituya un obstáculo que ambas partes hayan fungido como demandadas en el juicio de origen, pues lo relevante es que sus pretensiones sean opuestas, en virtud de que ante el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión, la parte tercero interesada verá afectada su esfera jurídica. Dicha interpretación es congruente con la parte final del precepto aludido, en la que se establece que también tiene el carácter de tercero interesado la persona extraña al procedimiento que tenga un interés contrario al del quejoso. Por tanto, el que se permita que alguien ajeno al juicio acuda a la instancia constitucional con esa calidad, corrobora el hecho de que es irrelevante el carácter con el que se comparezca al procedimiento, pues lo importante es que se tenga un interés contrario al del quejoso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.

Recurso de reclamación 5/2019. Gobernador del Estado de Tlaxcala. 2 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretaria: Ileana Hernández Castañeda.
Tesis: I.6o.P.141 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020284        1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h Tesis Aislada (Penal)
SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. SU OTORGAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE NO ESTÁ SUPEDITADA AL CONVENIO AL QUE HAYAN LLEGADO LAS PARTES (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Si se trata de los beneficios de la sustitución de la pena de prisión o de la suspensión condicional de la ejecución de la pena previstos, respectivamente, en los artículos 86 y 89 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dentro del procedimiento abreviado establecido en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control tiene la facultad de concederlos o no, independientemente del convenio al que hayan llegado las partes, ya que dichos beneficios no constituyen un derecho fundamental adquirido por el sentenciado, sino que éste debe cumplir los parámetros que condicionen su otorgamiento, esto es, satisfacerlos con los medios probatorios idóneos para tal efecto. Por tanto, la no oposición del Ministerio Público para la concesión de los beneficios citados, derivado del convenio entre las partes, no es motivo suficiente para que el Juez de control decida, en todos los casos, favorablemente su concesión, ya que ésta constituye una facultad discrecional del juzgador cuyo ejercicio debe cumplirlo con una adecuada fundamentación y motivación, con base en el material probatorio que para tal efecto aporten las partes y las argumentaciones que expresen a favor o en contra de su concesión.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 211/2018. 8 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Córdova del Valle. Secretario: Gerardo Flores Zavala.

Amparo directo 11/2019. 14 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Córdova del Valle. Secretario: Gabriel Casa García.

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